Gobernador Salomón Jara impulsa nueva etapa de transformación
SANDRA LUZ ROLDÁN
La administración de Salomón Jara Cruz prepara una nueva etapa de gobierno en Oaxaca con una agenda que combina reforma constitucional, seguridad pública, educación, gobernabilidad, infraestructura y recuperación del espacio público, bajo una estrategia orientada a fortalecer la presencia institucional en las ocho regiones del estado.
Uno de los principales proyectos para esta nueva etapa es la propuesta de una nueva Constitución Política e Intercultural de Oaxaca, cuyo propósito es actualizar el marco jurídico estatal a partir de la diversidad cultural y comunitaria de la entidad.
El proyecto constitucional fue elaborado mediante un proceso de participación desarrollado en las ocho regiones, con más de 10 mil 600 participantes en encuentros regionales y mesas temáticas. También se incorporaron aportaciones de especialistas, asociaciones y barras de abogados.
La propuesta plantea que la interculturalidad forme parte de los principios rectores de la vida pública de Oaxaca y busca reconocer dentro del orden constitucional la realidad de sus comunidades y de sus 570 municipios. La presentación del proyecto ante el Congreso estatal está prevista para el 3 de septiembre.
La reforma se incorpora a una estrategia gubernamental que busca profundizar la transformación política y administrativa de Oaxaca. La administración estatal sostiene que el proyecto tiene como antecedente una política de acercamiento territorial basada en recorridos, reuniones y mecanismos de participación comunitaria.
En este escenario, septiembre representa para el Gobierno de Oaxaca el comienzo de una etapa en la que también se prevén avances en seguridad y obra pública.
La seguridad constituye uno de los principales componentes de esa agenda. La administración estatal reportó acciones contra estructuras delictivas identificadas en distintas regiones y destacó una operación desarrollada mediante inteligencia criminal y coordinación entre instituciones estatales y federales.
La investigación permitió establecer la presencia de una estructura con actividades en más de 80 municipios de los Valles Centrales y conexiones con grupos que operan en otras regiones. Las autoridades señalaron actividades relacionadas con extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, despojo y homicidio.
Como parte de la operación fueron ejecutadas 14 órdenes de cateo de manera simultánea, con la participación de más de 300 elementos. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de los Valles Centrales y permitieron efectuar detenciones y asegurar armas, equipos de comunicación, chalecos balísticos, documentación, básculas y otros objetos relacionados con las investigaciones.
La indagatoria continúa abierta y se mantienen pendientes algunas órdenes de aprehensión. La estrategia contempla nuevas acciones coordinadas para intervenir contra cualquier estructura que genere violencia o actividades delictivas.
La política de seguridad se acompaña de una definición sobre el papel de las organizaciones sindicales. El Gobierno de Oaxaca plantea la recuperación de un sindicalismo democrático y libre, vinculado con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la representación legítima de sus intereses.
La administración estatal sostiene que la actividad sindical debe conservar su función social y laboral y establece que ninguna organización puede utilizar su estructura para cometer actos delictivos o afectar los derechos de la población.
Esta postura forma parte de una visión más amplia sobre gobernabilidad. Durante los primeros tres años de la administración se reportaron más de 14 mil mesas de diálogo destinadas a atender conflictos municipales, comunitarios, agrarios y sociales.
El objetivo de estos mecanismos consiste en resolver diferencias mediante acuerdos institucionales y reducir afectaciones a la población, particularmente aquellas relacionadas con bloqueos carreteros, tomas de instalaciones y conflictos que pueden alterar la prestación de servicios.
La gobernabilidad también se relaciona con la seguridad pública y la procuración de justicia. La administración estatal plantea que las tres áreas deben actuar de manera coordinada para preservar la paz social y garantizar el funcionamiento de las instituciones.
En las ciudades, la estrategia incorpora la recuperación del espacio público mediante el programa Senderos Seguros. Hasta ahora se reportan mil 34 calles intervenidas con infraestructura de iluminación, cámaras de videovigilancia, botones de auxilio, postes y acciones de mejoramiento urbano.
El programa busca generar condiciones de mayor seguridad para quienes utilizan diariamente las calles, con atención particular a mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores.
La agenda social incorpora también el sistema educativo. El ciclo escolar 2026-2027 inició en Oaxaca con 812 mil 900 estudiantes, 53 mil 419 docentes frente a grupo y 12 mil 40 escuelas distribuidas en las ocho regiones. El calendario escolar establece 185 días efectivos.
La continuidad del servicio educativo representa uno de los principales indicadores de funcionamiento institucional en un estado con una amplia dispersión territorial y una estructura comunitaria compleja.
En materia de desarrollo regional, la administración estatal mantiene una agenda de infraestructura que contempla vivienda, carreteras, salud y educación. Entre los proyectos se encuentran 57 mil viviendas, 19 centros de educación y cuidado infantil, infraestructura hospitalaria, la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Matías Romero y obras vinculadas con la conectividad carretera y el desarrollo de regiones estratégicas.
La apuesta gubernamental consiste en que la inversión pública contribuya a integrar territorios, ampliar servicios y mejorar las condiciones para el desarrollo económico y social.
La suma de estas acciones permite identificar una ruta política definida para la segunda parte de la administración de Salomón Jara Cruz. La seguridad busca fortalecer la capacidad institucional frente a estructuras delictivas, la gobernabilidad pretende ampliar los mecanismos de diálogo, la reforma constitucional busca actualizar el marco jurídico desde una perspectiva intercultural y la inversión pública procura ampliar la presencia del Estado en municipios y comunidades.
El reto inmediato será consolidar esa agenda con resultados verificables y continuidad institucional. Para Oaxaca, el siguiente periodo estará marcado por la capacidad de convertir las políticas anunciadas en mecanismos permanentes de gobierno, particularmente en seguridad, educación, infraestructura, justicia, participación comunitaria y desarrollo municipal.