Los resultados de las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local correspondientes a 2025 muestran un aumento en los conflictos laborales y una mayor proporción de casos concluidos por caducidad. El INEGI detalló que los mecanismos de conciliación continúan siendo esenciales para resolver desavenencias en las entidades federativas y que los convenios prejudiciales siguen siendo la vía predominante para cerrar expedientes.
El programa ERLAJUL registró 104 741 conflictos de trabajo, un incremento de 10 % respecto a 2024. La mayoría fueron individuales y se originaron por despido injustificado. En los conflictos colectivos, la demanda por titularidad del contrato representó más de la mitad de los casos. Las entidades con mayor número de conflictos fueron Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Baja California.
En paralelo, se suscribieron 515 780 convenios de trabajo prejudiciales, cifra que confirma la importancia de la conciliación previa al juicio. Los acuerdos más comunes fueron el retiro voluntario y la indemnización. El sector terciario concentró la mayor parte de los convenios y conflictos, seguido del sector secundario y, en menor medida, del primario.
En cuanto a la solución de los conflictos, se registraron 106 980 casos concluidos. La caducidad representó 32.5 % de las resoluciones, seguida de las sentencias y laudos, el desistimiento y los convenios. El informe señala que la disminución de conflictos solucionados respecto al año previo se relaciona con variaciones en los procedimientos y tiempos de resolución en los tribunales laborales y centros de conciliación.
El análisis también incluye información sobre huelgas y emplazamientos. En 2025 se contabilizaron 1 496 emplazamientos a huelga, con predominio de demandas por revisión de contrato y revisión salarial. Los emplazamientos solucionados aumentaron de manera considerable y la mayoría se resolvió por incumplimiento de requisitos legales. Se registraron cuatro huelgas estalladas, todas resueltas en el mismo año.
El INEGI reiteró que la información estadística y geográfica que genera constituye un bien público que permite comprender el comportamiento de las relaciones laborales y fortalece la toma de decisiones en materia de justicia laboral y conciliación en México.