En el recinto legislativo de Oaxaca, el diputado Isidro Ortega Silva, del grupo parlamentario de Morena, presentó una propuesta que busca reformar la Constitución local para garantizar el acceso al financiamiento agrícola, con especial énfasis en beneficiar a las comunidades indígenas y afromexicanas.
El objetivo de la iniciativa es robustecer el desarrollo agrícola en Oaxaca, un estado donde la riqueza natural y cultural se entrelaza con los desafíos económicos y sociales de quienes trabajan la tierra. Ortega Silva destacó que, según el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, 86 de cada 100 productores oaxaqueños se identifican como indígenas. Este dato, lejos de ser solo una estadística, refleja la profunda conexión entre la agricultura local y las comunidades originarias.
Durante su intervención, el diputado enfatizó los logros recientes en el sector agropecuario, destacando los 591 millones de pesos que el gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara Cruz, destinó en 2023 para financiamiento e incentivos a productores. Estas acciones, señaló, no solo son un compromiso tangible con el campo, sino también un paso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
“Debemos fortalecer las cadenas productivas y comerciales para que los productores obtengan mayores ingresos y optimicen los costos en la comercialización de sus productos”, afirmó Ortega Silva. El impacto de esta política no solo recae en los productores, sino también en las comunidades que dependen de estas actividades como sustento.
Entre los obstáculos señalados por los productores, el alza de los costos de insumos y servicios emerge como uno de los principales retos para la productividad del sector. La propuesta del diputado busca atender estas problemáticas estructurales a través de políticas públicas que prioricen la igualdad de condiciones y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
La iniciativa también propone transformar el diseño e implementación de políticas agrícolas para incluir valor agregado en las cadenas de producción. Así, no solo se atienden las necesidades inmediatas del sector, sino que se proyecta un modelo de desarrollo sostenible y competitivo a largo plazo.
Ortega Silva respaldó su discurso con datos del INEGI, destacando la producción anual de más de 324 mil toneladas de maíz blanco y 3.7 millones de toneladas de caña de azúcar, entre otros cultivos. En el ámbito pecuario, resaltó la producción de aves, bovinos, caprinos y porcinos, mientras que el sector forestal contribuye con especies como el pino y el encino.
El legislador concluyó subrayando la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los pequeños y medianos productores, asegurando que esta iniciativa es una pieza clave en la transformación rural que promueve la Cuarta Transformación.
La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales para su análisis, marcando el inicio de un proceso que podría redefinir el panorama agrícola en Oaxaca.
Esta iniciativa no solo es una respuesta a los retos actuales del campo oaxaqueño, sino también un reconocimiento al papel esencial de las comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de un futuro más equitativo y sostenible.