La ciudad crece como una planta que ignora el muro. Brotando por las rendijas del abandono institucional, Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana se han extendido a fuerza de necesidad, no de planeación.
Colonias enteras existen, respiran, se alumbran con velas o conexiones improvisadas, pero no figuran en ningún plano oficial. Son territorios que viven en el limbo, están, pero no están. Y así llevan años, incluso décadas, esperando una promesa que nunca se cumple, la regularización.
La regularización de los predios clandestinos no es una concesión; es un acto de justicia. Es reconocer que detrás de cada construcción sin papeles hay una historia de urgencia, un exilio silencioso de los márgenes, una decisión tomada ante la falta de alternativas.
Familias enteras han apostado su futuro por un pedazo de tierra que la ley les niega y el mercado les impide pagar. Compraron lotes comunales, ejidales o terrenos en conflicto con la fe, más que con un notario. Hoy, sin escrituras ni servicios básicos, sobreviven atrapados en la paradoja: pagan impuestos, pero no tienen derechos.
Durante años, las autoridades han administrado el caos con tolerancia fingida. No hay estrategia, sólo resignación. Se permite la expansión irregular mientras se condena la falta de orden. Se cobra el predial, pero se niega el agua potable. Se entrega una credencial de elector con dirección en una colonia inexistente para la cartografía oficial. Es un juego de simulación donde el Estado se esconde detrás de la burocracia, y las comunidades, detrás de la resistencia.
Pero el tiempo no espera. Los asentamientos crecen, se heredan, se construyen en vertical y en laderas imposibles. Donde antes había una milpa o una zona de recarga de mantos acuíferos, ahora hay techos de lámina y calles de terracería por donde el drenaje nunca pasó. Lo que empezó como invasión se convirtió en comunidad. Y lo que no se regula, se desborda.
Regularizar no es validar el desorden, es intentar corregirlo. Es dar certeza jurídica a miles de personas que viven en la vulnerabilidad perpetua. Es permitirles acceder a créditos, heredar sin pleitos, conectarse a una red eléctrica sin miedo al corto circuito, recibir agua sin tener que pagarla a sobreprecio por pipas. Es, sobre todo, reconocer que no hay planeación urbana posible si se ignora la realidad de los que ya están.
Porque no se puede hablar de desarrollo si se edifica sobre la informalidad. La ciudad formal y la informal no son dos territorios distintos, son el mismo cuerpo con cicatrices. Y postergar su integración es también postergar el derecho a la ciudad, que no es otra cosa que el derecho a vivir con dignidad.
Pero regularizar exige voluntad política, coordinación interinstitucional y una dosis de coraje. Porque implica tocar intereses enquistados, desmontar negocios privados disfrazados de gestiones sociales, y asumir responsabilidades que durante años se han pateado al siguiente sexenio. Es más fácil declarar que actuar. Más rentable culpar al pasado que hacerse cargo del presente.
Los urbanistas lo han advertido: seguir ignorando la mancha urbana irregular es hipotecar el futuro de la ciudad. No habrá movilidad, ni servicios, ni sustentabilidad posible si se sigue construyendo al margen del ordenamiento territorial. Y no habrá paz social si se sigue negando a los ciudadanos su derecho a la propiedad legal y al acceso a servicios básicos.
En la lógica cínica del poder, lo irregular siempre fue útil: clientelas políticas, votos cautivos, cuotas de poder comunal. Pero esa utilidad se vuelve trampa cuando las exigencias crecen y la legalidad alcanza la puerta de quienes prometieron sin cumplir. Hoy, las ciudades exigen reglas claras. Porque no se puede seguir gestionando la expansión urbana como si fuera un accidente. Porque no se puede seguir aplazando la respuesta a quienes ya construyeron sus vidas donde el Estado nunca quiso mirar.
La deuda es estructural, pero la solución debe ser concreta. No bastan mesas de diálogo ni diagnósticos eternos. Se requiere una política de regularización real, operativa, con presupuesto, con plazos. Una estrategia que reconozca la diversidad de situaciones —desde la compraventa informal hasta la ocupación de áreas protegidas— y que distinga entre lo recuperable y lo inviable.
Oaxaca necesita volver a mirarse con seriedad, no con resignación. Las ciudades invisibles no lo son por azar: lo son porque durante años se optó por no verlas. Y hoy, la urgencia no es hacerlas desaparecer, sino integrarlas al todo con justicia, con orden, y con sentido común.
Porque una ciudad que no regula su territorio es una ciudad que se rinde. Y rendirse, frente al caos, siempre es la forma más cómoda del fracaso.