
Hacienda precisa fundamentos del sistema de pensiones y aclara interpretación incompleta del IMCO
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el análisis difundido recientemente por el IMCO presenta una lectura parcial del sistema de pensiones al omitir elementos esenciales como las fuentes de financiamiento, las reservas actuariales y los activos disponibles para cubrir obligaciones presentes y futuras. La dependencia explicó que las pensiones contributivas no pueden evaluarse como gasto sin respaldo, ya que derivan de derechos laborales adquiridos y se sostienen mediante aportaciones a la seguridad social y mecanismos financieros consolidados.
Entre enero y marzo de dos mil veintiséis, las contribuciones a la seguridad social ascendieron a ciento setenta y ocho mil millones de pesos y las reservas actuariales y financieras de los institutos de seguridad social alcanzaron quinientos cuarenta y tres mil millones. A ello se suman los recursos administrados por las Afores, que representan ocho punto tres billones de pesos, equivalentes a veinticuatro por ciento del PIB, con una proyección que podría superar treinta por ciento hacia dos mil treinta. La Secretaría señaló que ignorar estos activos conduce a conclusiones incompletas sobre la sostenibilidad del sistema.
La institución también destacó que la presión financiera de las pensiones contributivas disminuirá hacia dos mil cuarenta y dos debido a la transición demográfica y al cambio de régimen pensionario, cuando la mayoría de las pensiones se financien mediante cuentas individuales. Este proceso, explicó, forma parte de una transformación estructural que ya está en marcha y que modificará la composición del gasto en el mediano plazo.
Respecto a las pensiones no contributivas, Hacienda recordó que se trata de un derecho constitucional dirigido a personas adultas mayores y grupos vulnerables que no tuvieron acceso a una pensión contributiva. Estas prestaciones responden a una estructura laboral históricamente marcada por la informalidad, la precariedad salarial y la falta de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. La dependencia subrayó que su impacto social es evidente, ya que entre dos mil dieciocho y dos mil veinticuatro la pobreza extrema en adultos mayores disminuyó de ocho punto ocho a tres punto ocho por ciento y la pobreza general pasó de cuarenta y tres punto dos a veintitrés punto seis por ciento, lo que representa una reducción de más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.
La Secretaría también aclaró que el uso exclusivo de la deuda bruta para evaluar la posición financiera del país puede sobredimensionar los pasivos públicos. Al cierre de marzo de dos mil veintiséis, la deuda neta en sentido amplio se ubicó en cincuenta punto cuatro por ciento del PIB, por debajo del cincuenta y tres punto nueve por ciento de la deuda bruta, debido a los activos financieros del sector público equivalentes a tres punto cinco por ciento del PIB. La dependencia reiteró que una evaluación integral debe considerar tanto pasivos como activos para reflejar con precisión la posición fiscal del Estado.
Hacienda reafirmó su compromiso con la transparencia y la información técnica rigurosa para fortalecer el análisis público y evitar interpretaciones que no reflejen la complejidad del sistema financiero y de seguridad social del país.