Oaxaca fortalece certeza jurídica con aplicación responsable de la Ley de Expropiación y armonización legal en feminicidio: Salomón Jara
Sandra Luz Roldán
El gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que el ejercicio del poder público debe sustentarse en leyes claras, procedimientos transparentes y respeto absoluto a los derechos humanos, por lo que su administración ha priorizado la correcta interpretación y aplicación de instrumentos jurídicos estratégicos para el desarrollo del estado.
Al explicar este enfoque, el consejero jurídico del Gobierno del Estado detalló que la Ley de Expropiación de Oaxaca es un instrumento legal que permite al Estado intervenir cuando existe una causa de utilidad pública plenamente acreditada, como la prestación de servicios, el ordenamiento territorial o la protección del interés colectivo.
Geovany Vásquez precisó que la expropiación no implica despojo ni decisiones unilaterales, sino un proceso regulado que exige justificación legal, notificación formal y el pago de una indemnización conforme a la ley, lo que garantiza seguridad jurídica y evita arbitrariedades en la actuación gubernamental.
Indicó que este marco normativo fortalece la capacidad del Estado para atender necesidades públicas sin vulnerar derechos individuales, y permite resolver conflictos de fondo mediante mecanismos legales, no a través de improvisaciones o decisiones políticas sin sustento jurídico.
En materia de derechos humanos, el consejero jurídico explicó que Oaxaca respalda la iniciativa de Ley General en materia de feminicidio, la cual establece criterios homogéneos para investigar este delito en todo el país, corrigiendo prácticas que han limitado el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Señaló que uno de los principales avances de esta reforma es obligar a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, incorporando perspectiva de género y evitando que los casos se diluyan en figuras penales inadecuadas.
Vásquez añadió que la iniciativa refuerza la coordinación entre autoridades federales y estatales, fortalece las responsabilidades de las fiscalías y consolida la reparación integral del daño, alineando la legislación nacional con estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, destacó que el Gobierno de Oaxaca mantendrá una política permanente de armonización legal, con el objetivo de garantizar certeza jurídica, acceso a la justicia y un Estado de derecho sólido que responda tanto a las necesidades sociales como a la protección de los derechos fundamentales.