Oaxaca inaugura modelo internacional para retorno de desplazados; ACNUR valida proceso en Guadalupe Victoria
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Sandra Luz Roldán
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Oaxaca dio un paso inédito en la atención al desplazamiento forzado interno. En Guadalupe Victoria, comunidad de San Juan Juquila Mixes, se concretó el primer retorno planeado, ordenado y participativo de familias desplazadas en México. El proceso, liderado por el gobierno de Salomón Jara Cruz, fue reconocido por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) como ejemplo replicable a nivel mundial.
Daniel MacGuire, oficial principal de Protección de ACNUR, destacó ante medios cuatro prácticas que colocan a Oaxaca en el mapa internacional: atención diferenciada a personas con necesidades específicas, respeto al libre movimiento, coordinación entre niveles de gobierno y compromiso institucional a largo plazo. La instalación de un centro multiservicios en la comunidad, con presencia permanente de personal estatal, busca garantizar seguridad, acceso a servicios básicos y acompañamiento psicosocial.
La ley estatal sobre desplazamiento forzado, aprobada recientemente, refuerza este modelo. Tipifica como delito el desplazamiento arbitrario y la obstaculización del retorno, y establece mecanismos de alerta temprana para prevenir nuevos casos, especialmente en zonas de conflicto agrario.
Guadalupe Victoria no es un caso aislado. El gobierno estatal documentó 23 focos activos de desplazamiento, entre ellos Tierra Blanca Copala, San Juan Mazatlán y San Mateo del Mar, este último por efectos del cambio climático. La coordinación interinstitucional trabaja en protocolos de convivencia, atención a víctimas y recuperación de derechos básicos como salud y educación, tras ocho años de abandono.
ACNUR confirmó que México figura entre los países con mayor número de desplazados internos, fenómeno que supera en cifras a los refugiados internacionales. En Oaxaca, el retorno no se celebra como un logro inmediato, sino como el inicio de un proceso complejo, con heridas abiertas y tejido social por reconstruir. La agencia internacional seguirá brindando asistencia técnica, siempre que el Estado mexicano mantenga el compromiso de convertir esta experiencia en política pública integral.